Los «hackers» imponen la ley del Oeste en la red energética de EE.UU.

Un asalto inesperado, un rehén, un rescate millonario y un sheriff con las manos atadas. El ciberataque perpetrado el viernes 7 de mayo contra el oleoducto que abastece el 45 % del combustible a la costa este de Estados Unidos ha destapado la vulnerabilidad de la envejecida red de infraestructuras de la primera potencia mundial. Lo que en un principio parecía ser una acción con fines políticos ha resultado ser la extorsión de unos forajidos en busca de un botín. La propietaria de la mayor red de tuberías que se extiende desde Texas hasta Nueva Jersey, Colonial Pipeline, ha acabado desembolsando casi 5 millones de dólares (unos 4,1 millones de euros)  a la banda criminal conocida como Darkside con supuesta sede el Rusia. Un grupo de piratas informáticos que cultiva una imagen de Robin Hood con la excusa de robar a grandes corporaciones.https://d4fe5d1f6b98fe5e7317f44bf040678c.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Así fue el ciberataque al oleoducto de la costa este de Estados Unidos

El pago demuestra la inmensa presión a que se ha enfrentado el operador con sede en Georgia para que la gasolina y el combustible para aviones vuelvan a fluir, después de seis días de largas colas en las gasolineras de los 18 estados afectados y la escalada del precio del galón (3,7 litros) hasta casi los tres dólares, por primera vez desde el 2014. La empresa espera recuperar el suministro completo antes del próximo lunes. Solo ha sido posible después de ceder a las exigencias de los delincuentes con un rescate en criptomonedas, imposibles de rastrear, que les ha permitido recuperar los más de 100 gigas de información robados.

La decisión de la compañía puede ayudar al presidente Joe Biden a contener la subida de los precios de la gasolina y a amainar la críticas de los republicanos, pero complicará a partir de ahora sus esfuerzos por combatir los cada vez más frecuentes ciberataques contra los sistemas del Gobierno y la industria. Estas incursiones comenzaron a  preocupar en el 2016 cuando un grupo de hackers filtraron miles de correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata (DNC), para perjudicar la campaña presidencial de la demócrata Hillary Clinton, y culminaron el pasado mes de diciembre con la incursión masiva a varias agencias gubernamentales y empresas estadounidenses. Los servicios de inteligencia responsabilizaron de estas acciones al Gobierno ruso, pero el entonces presidente de EE.UU., Donald Trump, evitó las represalias por su cercanía con Vladimir Putin.

Biden decidió actuar el pasado mes de abril con la imposición de sanciones, en plena escalada de tensión con el Kremlin. El FBI solo ha responsabilizado a los piratas del ataque al oleoducto, por lo que el mandatario se ha limitado a decir que hablará sobre lo sucedido en la próxima reunión con su homólogo ruso. La Casa Blanca se ha apresurado a declarar el estado de emergencia y a flexibilizar las regulaciones para que las empresas pudieran hacer llegar el combustible a las zonas afectadas. Unas medidas insuficientes para luchar contra la fragilidad tecnológica de una envejecida red de infraestructuras en manos privadas que se ha convertido en un peligro para la seguridad nacional. 

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