“Contra la desinformación y la cibermentira”: Cuba defiende su ley de ciberseguridad frente a la injerencia de EE.UU.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo que los cubanos tienen derecho, al igual que ciudadanos de la UE y demás países, “a recibir y comunicar información veraz y enfrentar la utilización ilegal y subversiva de las TIC”.

Dentro y fuera de Cuba se ha instalado un debate en torno al Decreto-Ley 35, publicado el pasado martes, normativa que combate los delitos en internet y atribuye alta peligrosidad a la difusión de noticias falsas en la red.

En la nueva ley se tipifica como ciberterrorismo a las “acciones mediante el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) cuya finalidad es subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.

Asimismo, hace referencia a “daños éticos y sociales” con el “eco mediático de noticias falsas”, “bloqueos masivos de cuentas en redes sociales” y la “difusión dañina”.

Sobre esa difusión dañina, la normativa explica que se trata de la divulgación en internet de “contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado”, “inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público” o “difundan mensajes que hacen apología a la violencia”.

La ley abre la posibilidad de que no solamente serán las instituciones, sino también las personas, las que pueden notificar los delitos y recibir protección.

Pablo Domínguez, director de Ciberseguridad del Ministerio de Comunicaciones, señala que los delitos que se pueden denunciar son “el tema del ciberacoso, los temas relacionados con noticias falsas, relacionados con abuso pederasta u otros temas que la población puede identificar”.

Además de todo esto, la normativa ratifica la soberanía del Estado cubano sobre su espacio radioeléctrico, en momentos en que el Gobierno de EE.UU. ha anunciado su pretensión de crear un internet paralelo para la isla, algo que no solamente viola las leyes y la Constitución de Cuba, sino también todas las normas internacionales al respecto.

La opinión de EE.UU.

Los detractores de la normativa hablan sobre un supuesto intento de silenciar las voces críticas al Gobierno.

La Embajada de EE.UU. en La Habana y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, por ejemplo, la calificaron como “otra ley de censura” y señalaron que las autoridades cubanas “deberían respetar la clara voluntad del pueblo cubano de hablar con su voz, y no castigar a quienes dicen la verdad”.

Asimismo, la Embajada rescató este miércoles un mensaje anterior del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en el que menciona que “EE.UU. apoya la libertad de expresión y de reunión en toda Cuba, y condenará firmemente cualquier tipo de violencia o ataque a manifestantes pacíficos que estén ejerciendo sus derechos universales”.

“Soberanía nacional”

“Lo dice Cuba soberana y lo confirman los expertos honestos de cualquier parte del mundo: nuestro Decreto-Ley35 va contra la desinformación y la cibermentira”, defendió el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en su cuenta de Twitter.

El mandatario compartió un hilo de tuits que publicó Carlos González Penalva, responsable de comunicación de Izquierda Unida de Asturias (España), quien hace referencia a normativas vigentes en Europa parecidas a la puesta en marcha en Cuba.

Por ejemplo, cita el Plan de Acción contra la Desinformación, que existe en la Unión Europea (UE) desde 2018.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, manifestó: “Nos asiste el derecho a ejercer la soberanía nacional sobre el ciberespacio con el propósito de salvaguardar la paz y el bienestar ciudadano”.

Asimismo indicó que los cubanos tienen derecho, al igual que los ciudadanos de la UE y demás países, “a recibir y comunicar información veraz y enfrentar la utilización ilegal y subversiva de las TIC”.

La normativa se pone en marcha poco más de un mes después de que el pasado 11 y 12 de julio se registraran protestas antigubernamentales en Cuba, que fueron precedidas y seguidas por una campaña anticubana a través de las redes sociales.

El bloguero cubano Iroel Sánchez, en entrevista con RT, denuncia que se registra una situación muy parecida a la que precedió a las manifestaciones de julio.

“Agustín Antonetti, de la Fundación Libertad en Argentina, se ha puesto de nuevo al frente de esta operación en redes. Tú ves, cuando analizas los gráficos, ese protagonismo y ese intento de repetir una operación que lleve a un caos en el país, que es, en definitiva, el propósito”, explicó.

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *