El INAU informó a la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación del país en cuanto a la explotación sexual de niños y niñas. En el informe se revela que aquí se registra una nueva modalidad de abuso, que consiste en el ofrecimiento a niños y niñas de cargas de celular a cambio de fotografías pornográficas.

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) denunció ante la OEA que una nueva modalidad de explotación sexual se registra en nuestro país. Niños y niñas (según las denuncias que tomó el INAU desde la Línea Azul o que fueron derivadas desde otros organismos) son abusados por adultos, que les toman fotografías para colgarlas a Internet, obtener placer o comercializar con ellos, a cambio de una recarga de tarjetas telefónicas.

Así lo revela el X Informe de la OEA sobre las medidas emprendidas por los estados miembros para prevenir y erradicar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en las Américas. Dicho informe reveló también que en nuestro continente la explotación sexual a niños y niñas sigue siendo un problema “oculto” y en aumento.

En el caso particular de Uruguay, la explotación sexual a niños y niñas es un tema “invisible”, y que es ocultado aunque no ausente. Según informó nuestro país, no se cuenta -dice el informe- “con datos cuantitativos relativos a la explotación sexual de niños” y se alerta que “se ha tomado conocimiento de una metodología que consiste en ‘cargar’ la tarjeta del celular de la víctima a cambio de imágenes con contenido pornográfico que luego son subidas a Internet”.

Esta metodología “es potencialmente muy peligrosa por su capacidad de ejecución desde cualquier celular que cuente con capacidad de fotografiar o filmar” indica el informe. Consultado al respecto, Luis Putscher (encargado del informe de Uruguay en nombre del INAU), explicó a LA REPUBLICA que han “tenido denuncias sobre delitos cometidos desde el área de la tecnología” ya que “ha crecido en los últimos años el acceso a ésta y las herramientas que se tienen permiten sacar fotos, filmar, y han sido un camino a la captación de menores ya sea para la comercialización o la satisfacción, dicho esto con absoluta repugnancia, o para obtener rédito económico”.

Según Putscher, presidente del Comité contra la explotación sexual de niños y niñas, “estas imágenes que obtienen a cambio de una carga de celular son colgadas en la red”. El entrevistado si bien no dijo cuántas denuncias hubo, ni dónde, aseguró que las que se comprobaron fueron remitidas a la Justicia.

Un tema oculto

Destaca el informe de la OEA que en nuestro país hace dos años no se reforma el marco legal de protección a niños y niñas contra el abuso sexual. Por otro lado “se han realizado campañas de sensibilización anuales, con afiches y trípticos, abarcando todo el territorio del país”. También indica que “a través del Plan Ceibal (una computadora por niño) se han establecido espacios de capacitación, campañas de sensibilización y colocación de filtros en las computadoras portátiles que se les entregan a niños, niñas y adolescentes como parte del Plan”.

Otro de los datos que surgió de la investigación es que “en Uruguay se han detectado casos de pornografía infantil que han supuesto prácticas exitosas desde el punto de vista policial y judicial”. Empero, el análisis que hace la OEA sobre la situación de Uruguay plantea que el fenómeno “se encuentra sub-registrado debido a su ocultamiento, invisibilización cultural, registros deficientes y no articulados” en nuestro país. Esto se suma a que existe “fragmentación de la información en las instituciones estatales y ONG con participación en el tema”.

Problema del Mercosur

El informe de la OEA destaca las investigaciones realizadas en la frontera con Brasil en el marco del proyecto “Estrategia regional de lucha contra la trata y el tráfico de niñas, niños y adolescentes para fines de explotación sexual en Mercosur”. A nivel regional, esta investigación que determinó un trabajo conjunto de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay arribó a que la explotación sexual es “frecuente”, pero que “se carece de recursos para enfrentar el problema en las fronteras, así como de protocolos de atención”.

A su vez, los estudios revelan que “los funcionarios técnicos parecen compartir percepciones en las que se responsabiliza a los y las adolescentes de su propia explotación, al tiempo que se naturaliza y tolera la conducta del pago por sexo por parte de los clientes explotadores”, señala el informe.

Uruguay informó a la OEA que cuenta con una cobertura asistencial de carácter residencial, que sin embargo no es la adecuada para los niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual.

Este tipo de víctimas necesitan de una atención especial y especializada. De momento “Uruguay no puede ofrecer una asistencia que garantice una presencia técnica eficaz, eficiente e inmediata, que tenga alcance nacional, que desencadene los mecanismos necesarios para la atención integral y la no revictimización, y que otorgue una adecuada protección y restituya derechos”.

Fuente: larepublica.com.uy